Ayudas directas para reforzar la solvencia de autónomos y empresas

El Gobierno aprueba el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 dirigidas a proteger el tejido productivo, evitando un impacto estructural en la economía y preservando el empleo.

Para ello, se crean tres fondos de ayuda a empresas “viables” cuya situación patrimonial se haya deteriorado como consecuencia de la pandemia por un total de 11.000 millones de euros y se prorrogan las moratorias concursales hasta finales de 2021, además de otras medidas para facilitar el aplazamiento de deudas tributarias:

LÍNEA DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS

Los autónomos y empresas con sede social en territorio español, cuyo volumen de operaciones anual en 2020 haya caído como mínimo un 30% con respecto a 2019 y cuya actividad esté incluida en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE 09– previstos en el Anexo I del citado Real Decreto-Ley, podrán tener acceso a ayudas directas que permitan satisfacer sus obligaciones de deuda y pagos a proveedores, acreedores financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos, siempre y cuando estas obligaciones se hubieran generado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto-ley. Se establecen los criterios para determinar las cuantías máximas de las ayudas directas y se modulan en función de la caída del volumen de operaciones entre 2019 y 2020.

Dichas ayudas podrán llegar al 40% de la caída de ingresos para las micro pymes y autónomos, y al 20% para el resto de las empresas, con una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva, y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de las empresas.

AYUDAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA FINANCIERA COVID

En segundo lugar, se crea una línea dotada con 3.000 millones de euros para que el ICO pueda acompañar los procesos de reestructuración de deuda financiera que cuente con aval público.

Para establecer un marco de actuación común en las reestructuraciones de los balances empresariales y favorecer la implicación de las entidades financieras, se aprobará un Código de Buenas Prácticas, en línea con el existente en el ámbito hipotecario.

FONDO DE RECAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS MEDIANAS

Se crea el Fondo de recapitalización de empresas afectadas por COVID, gestionado por COFIDES y dotado con 1.000 millones de euros, destinado a fortalecer la solvencia de empresas no cubiertas por el fondo ya gestionado por SEPI.

La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. 

MODERNIZACIÓN DE LA NORMATIVA CONCURSAL PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Se amplía la vigencia de algunas medidas en el ámbito concursal, dando así un plazo para desplegar estas medidas de apoyo y permitir a las empresas restablecer su equilibrio patrimonial, en paralelo con la modernización y agilización del marco concursal con ocasión de la transposición de la correspondiente Directiva comunitaria.

De forma específica, se extienden las moratorias relativas a la exención del deber del deudor de solicitar la declaración de concurso y la no admisión a trámite de las solicitudes de concurso que presenten los acreedores; se amplía el plazo para renegociar, tanto los acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago (ambos son instrumentos previos al concurso), como los propios convenios concursales; y se amplían hasta el 31 de diciembre de 2021 las medidas procesales que agilizan los procesos, como la tramitación preferente y el fomento de la subasta extrajudicial.