Es un acto judicial por el cual varias personas se obligan a intercambiar algún tipo de servicio durante un tiempo determinado a cambio de un precio.
Este tipo de contrato se realiza entre dos empresas, una empresa y un autónomo o entre dos autónomos.
En el Derecho Mercantil existen una amplia variedad de contratos mercantiles, con características y requisitos diferentes. Los más comunes son: contrato de permuta mercantil, contrato de sociedad, contrato de compraventa mercantil, contrato mercantil de pagarés, contrato de préstamo, contrato de seguro, contrato mercantil de asociación, contrato mercantil de transporte terrestre, etc.
El primer paso es elegir el tipo de sociedad que mejor se adapte a las necesidades de la empresa que se quiere constituir. A continuación, se llevarán a cabo los siguientes pasos: solicitud de certificación negativa en el Registro Mercantil para comprobar que no existe una sociedad con el mismo nombre, abrir una cuenta en el banco a nombre de la sociedad donde se depositará el capital social, redactar los estatutos sociales, redactar un pacto de socios, escritura ante notario, CIF e IAE, inscripción en el Registro Mercantil; entre otras. En GAMO Abogados le asesoraremos sobré qué tipo de sociedad le conviene constituir y realizaremos todas las gestiones oportunas con éxito.
Una empresa solicita el concurso de acreedores cuando no tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones: seguridad social, crediticias, tributarias, salarios, indemnizaciones…
El concurso de acreedores es un instrumento a disposición de cualquier empresa ante una situación económica extraordinaria y de crisis.
Una sociedad anónima o limitada responde ante terceros por los actos del administrador, pero el administrador deberá responder ante los socios y los acreedores de los daños causados por la falta de diligencia en sus acciones; es decir, el administrador responderá personalmente y con su patrimonio por actos que causen daño de forma intencional a la propia sociedad, a los socios o a terceros.
Sí. Cualquier entidad privada que trate con datos personales en el desempeño de su actividad económica o administrativa debe cumplir con la normativa de protección de datos vigente.
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