Guía práctica para afectados por el cártel de camiones ¿quién y cómo puede reclamar su dinero?
Los hechos que respaldan las demandas en favor de los perjudicados:
El 19 de julio de 2016, la Comisión Europea descubrió que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Fiat, Iveco, Paccar y DAF quebrantaron el Artículo 101 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y el Artículo 53 del Acuerdo EEE, que prohíben cárteles y otras prácticas restrictivas de negocio.
La Comisión descubrió que estos fabricantes de camiones se pusieron de acuerdo durante 14 años (de 1997 a 2011) para la fijación de precios y para repercutir a sus clientes los costes del cumplimiento de las normativas de emisiones más estrictas de la UE. Por estas infracciones, la Comisión ha impuesto multas de distinta cuantía.
Todos los fabricantes de camiones han reconocido su participación en el cártel, excepto Scania.
Quiénes pueden reclamar:
✔ Los perjudicados son los adquirentes de camiones de las marcas arriba indicadas, entre los años 1997 y 2011.
✔ También lo serían quienes suscribieron un contrato de leasing o renting de dichas marcas en esos años.
✔ Pueden reclamar incluso aunque hubieran vendido el vehículo con posterioridad. Es decir, para reclamar no es preciso ser propietario actual del vehículo.
✖ No podrán reclamar, sin embargo, los compradores de vehículos de segunda mano.
Cuántos camiones hay afectados
El volumen de ventas que está siendo investigado por la Comisión Europea es de alrededor de 10 millones de camiones dentro de la Unión Europea, y unos 200.000 en España en ese período de tiempo y de esas marcas.
Plazo para las reclamaciones
El plazo para las reclamaciones se abrió el pasado 6 de abril de 2017, día en el que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, y permanecerá abierto durante un año.
Es por ello que el plazo para efectuar la reclamación finaliza el próximo 6 de abril de 2018.
Cuánto podría reclamar el comprador afectado
El precio de estos vehículos industriales (camiones de carga media y carga pesada) oscila desde los 40.000 € hasta los 120.000 € (algunos modelos, incluso más). Esto supone un precio medio de 80.000 €.
No se conoce exactamente el porcentaje de sobreprecio aplicado. Pero, a dicho concepto, habría que sumarle el coste de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes que, como dice la Resolución sancionadora de la Comisión Europea, está demostrado que los fabricantes hicieron un Passing-On a los compradores. Este importe se sumará a efectos de calcular el importe a reclamar, el IVA, más los intereses.
El éxito de la defensa procesal de los afectados requiere de un informe pericial exhaustivo, específico por fabricante, que acredite de un modo preciso los sobrecostes derivados de la fijación de precios en fábrica, así como el coste derivado de la implantación de los sistemas de retención de gases contaminantes, que pueden suponer hasta 10.000 € por vehículo.
Reclamación en Tribunales de España
España tiene pendiente la trasposición al Derecho interno de una Directiva comunitaria sobre demandas de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia. En defecto de dicha incorporación al ordenamiento español, la referida Directiva es directamente aplicable por los tribunales de España.
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